Entrevistas
La autopista de la injusticia
Facultad de Ciencias Sociales

¿Se puede hablar de democracia cuando la construcción de una carretera rompe viviendas sociales y quiebra la vida cotidiana de más de 40 mil habitantes?. Aquí ciudadanos sin voz ni voto enfrentados al abuso de la autopista acceso sur de Santiago.     

Octubre, 2014

Sentir que las retroexcavadoras hacen temblar las casas, rompen antejardines y cortan los accesos hacia espacios de recreación y colegios es algo que pasa y que la autoridad no ha informado. Eso les ocurrió a los habitantes de Bajos de Mena en Puente Alto y poblaciones de La Pintana como El Castillo, Santo Tomás y La Serena, cuando vieron que encima de ellos comenzaron las obras de la construcción de la autopista Acceso Sur de Santiago; un brazo de 12 kilómetros que sale de Vespucio hacia el Sur y que conecta con la Panamericana. Megainfraestructura que se les vino encima porque quienes la diseñaron evaluaron que cruzaría sectores de viviendas sociales donde los dueños no harían mucho escándalo. ¿Por qué ocurre esto en un país democrático? ¿Habría pasado lo mismo si esta autopista rompiera barrios del sector Oriente?¿A quién le sirve esta autopista: a los pobladores de a pie o a los ciudadanos que la ocupan porque tienen auto.  

Paulette Landon, directora de la escuela de Trabajo Social de la U. Alberto Hurtado, recreó la historia testimonial de las familias afectadas y se quedó con la certeza de que este proyecto literalmente pasó por encima de la voluntad de las personas sólo por ser pobres y que la autoridad no se hizo cargo de informar, compensar ni tampoco pensar en cómo diablos esta gente iba a convivir con esta mole.

La investigación indaga en los niveles de participación de los responsables: alcaldes, técnicos y políticos. Y ahí esta cuestión se vuelve dantesca porque esta autopista, que se iba  a construir en tres o cuatro años, se terminó en diez y el único que se benefició fue la empresa privada porque el Estado tuvo que pagar, construyeran o no.

Según Paullete, el arquitecto a cargo explicó que se eligió la opción más barata y un lugar donde la gente alegara lo menos posible y las expropiaciones fueran también muy baratas. En diez años, pasaron diez ministros de Obras Públicas y el conflicto no tuvo urgencia de parte de los políticos. La razón: es una autopista que molesta a sectores con poco nivel de votación y pasa por los patios traseros de  comunas y sectores considerados guetos urbanos.

A los afectados no se les adjudicó beneficios, sólo en el caso de la población El Castillo la gente se organizó y ganó juegos para los niños. A otros les arreglaron los pisos y los marcos de las ventanas, a otros les prometieron una plaza y todavía esperan. “Esta es una expresión física de abuso y desigualdad y es muy violento porque vivir ahí significa que la gente tiene que buscar sus propias soluciones para trasladarse porque no hay pasarelas, lomos de toro ni semáforos, tampoco llegan las micros… y la política, simplemente, los invisibilizó”, concluye la socióloga. 

Paulette Landon  

 

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